Se recuerda que Pro Consumidor y ADESS firmaron un acuerdo para
inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los comercios que incurran en esta
práctica delictiva.
SANTO
DOMINGO.- El Instituto Nacional de
Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un
total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) por
éstos haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el
gobierno a las personas en situación de pobreza.
El director de
Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que la entidad que dirige realizó
varios operativos en diferentes puntos del país y tras comprobarse estas
irregularidades dispuso como medida cautelar “la suspensión inmediata de las
actividades comerciales de estos establecimientos”.
El funcionario
dijo que estos operativos se llevaron a cabo dando cumplimiento al acuerdo
firmado recientemente entre Pro Consumidor y la Administradora de Subsidios
Sociales (ADESS) para inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los comercios de
la Red de Abastecimiento Social que incurran en malas prácticas comerciales en
perjuicio de las personas que se benefician de los programas sociales del Estado.
Manifestó que
los operativos de inspección y las suspensiones de las actividades comerciales
de estos establecimientos fueron
realizados atendiendo a las constantes denuncias y reclamaciones que llegaban a ADESS por parte de personas afectadas por esta
mala práctica comercial.
Alcántara
explicó que del 1 de marzo al 2 de abril de 2023, se recibieron por vía de
Administradora de Subsidios Sociales denuncias de los beneficiarios del plan de
subsidios sociales “referentes al no reconocimiento de los consumos realizados
en estos establecimientos”.
Asimismo, el
funcionario dijo que según la resolución se pudo evidenciar que desde el
primero de diciembre del año 2022 al 28 de febrero de 2023 fueron descontados
de forma fraudulenta los montos acreditados por la Administradora de Subsidios
Sociales a los denunciantes.
Alcántara dijo que los establecimientos comerciales que fueron cerrados se encuentran
ubicados principalmente en las provincias San Juan, Santo Domingo, Bahoruco,
Barahona, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Distrito Nacional y otras.
Dijo que estos
operativos continuarán realizándose para garantizar los derechos de los
consumidores que reciben estas ayudas sociales y evitar que sigan cometiéndose
estos fraudes.
“Estas jornadas
de inspección serán de forma permanente y los comercios que se les encuentren
cometiendo estas irregularidades serán cerrados como lo establece la Ley 358-05
de Protección al Consumidor”, expresó.
El titular de
Pro Consumidor indicó, asimismo, que con esta acción se busca proteger a los
consumidores beneficiarios de este tipo de ayuda social, de la cual el gobierno
destina mensualmente más de tres mil millones de pesos.
Recordó que el
convenio firmado con el director general de la Administradora de Subsidios Sociales,
Catalino (Freddy) Correa Hiciano, busca promover una gestión de la actividad
comercial más eficiente y amigable entre los establecimientos adheridos a la
RAS “y en beneficio de las personas participantes de los programas de
protección social creados por el gobierno dominicano, garantizando con ello una
mayor inclusión y el alcance de los objetivos de erradicación de la pobreza”.
Eddy Alcántara
señaló que los beneficiarios estaban siendo objeto de timación por parte de
comerciantes en complicidad con sectores delincuenciales, afectando tanto el
programa, como los intereses de los consumidores y al propio Estado dominicano.
Indicó que de
comprobarse la violación a las disposiciones legales en perjuicio de la
población consumidora nacional, podría ser iniciado en contra de estos negocios
un procedimiento administrativo sancionador por violentar las disposiciones de
la Ley 358-05 y otras leyes sectoriales, “como también las acciones penales en
contra de los propietarios de estos establecimientos comerciales”.
Dijo
finalmente, que los expedientes de los negocios cerrados por malas prácticas
comerciales serán remitidos al Ministerio Público para que empiecen las
acciones penales correspondientes.